El Servicio de Seguridad de Ucrania tiene la intención de endurecer el castigo por la divulgación de secretos de estado y datos confidenciales. Sin embargo, tales buenas intenciones están plagadas de una amenaza oculta a la Ley de Ucrania "sobre acceso a la información pública" aprobada por la Ley de Banca.
Con la presentación del Servicio de Seguridad de Ucrania en la Rada Suprema, apareció el proyecto de ley No. 8490 "Sobre las enmiendas al Código de Ucrania sobre infracciones administrativas relacionadas con el fortalecimiento de la responsabilidad por violar la Ley de protección de la información con acceso limitado, que es propiedad del Estado". Se trata de cambiar dos artículos de dicho código. El primero de ellos (Art. 212-2) propone aumentar la multa diez veces por violación de la ley sobre secretos de estado. Si antes el culpable brillaba de 3 a 10 ingresos mínimos libres de impuestos de los ciudadanos (51-170 hryvnias), ahora es 30-100 (510-1700 hryvnias, respectivamente). Y con una violación repetida: 50-150 (850-2550 hryvnia).
En caso de divulgación de información confidencial (artículos 212-5), quieren aumentar el tamaño de la multa veinte veces. En lugar de los 3–8 “salarios mínimos” anteriores, se propone multar con 60–160 mínimos de ingresos libres de impuestos (1020–2820 hryvnias). En consecuencia, por violación reiterada - por 160-260 "mínimo" (2820-4420 hryvnia).
¿Qué causó el nuevo castigo administrativo? La respuesta está contenida en una nota explicativa firmada por el jefe de la SBU Valery Khoroshkovsky: “El año pasado, de acuerdo con los resultados de las inspecciones de protección de secretos de estado en las autoridades estatales, instituciones, organizaciones y empresas, se revelaron más de 9 mil violaciones de los requisitos de la legislación, más de 1.1 quedaron bajo responsabilidad administrativa miles de personas ... ".
Según Khoroshkovsky, las multas por violar las leyes sobre secretos de estado e información confidencial no se corresponden con "el daño hecho y las realidades de hoy". El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania llega a otra conclusión "competente": "El proyecto de ley no requiere consultas con el público". Resulta que durante la discusión de este documento, la Rada Suprema debería convertirse de un organismo público en uno cerrado.
Como puede ver, los castigos administrativos ofrecidos por el jefe de la SBU son más severos que los castigos por violar los derechos de acceso de los ciudadanos a la información pública. Por ejemplo, según el Artículo 212-3 del Código de Infracciones Administrativas (sobre el derecho de los ciudadanos a recibir información), los funcionarios pueden ser multados con 25-50 ingresos mínimos no imponibles (425-850 hryvnias). Mientras que para la divulgación de datos confidenciales (de acuerdo con la nueva versión del artículo 212-5), la multa se establece en 60-160 "mínimo" (1020-2820 hryvnia).
A primera vista, tal diferencia en los "precios" puede parecer bastante razonable: dicen que los problemas de protección de los secretos militares y estatales son más importantes que las solicitudes de información de la gente común. Pero al mismo tiempo, surge la pregunta de inmediato: ¿quién debe determinar cómo y cuánto esta o aquella información causa (o no) perjudica al estado? ¿Es posible que el daño del cierre artificial de las autoridades sea mayor que la amenaza de fuga de datos confidenciales?
Parece que las "autoridades competentes" decidieron aprovechar las deficiencias que abunda la Ley "sobre el acceso a la información pública". En particular, no indica cuándo y cómo se pueden cerrar los documentos abiertos. Algunas de sus normas son simplemente sorprendentes en sus contradicciones. Por ejemplo, de acuerdo con la Parte 7 del art. 6, la información está sujeta a un acceso limitado y no al documento en sí (que es secreto o confidencial). Al mismo tiempo, parte 3 del artículo 9 menciona el sello de la firma "para uso oficial", pero no menciona la posibilidad de obtener una parte abierta de la información de dichos documentos.
La pregunta es, ¿qué deben hacer los funcionarios del gobierno con un "vector múltiple"? Al no ver una distinción clara entre la información pública y los datos confidenciales, corren el riesgo de encontrarse entre dos incendios: por un lado, enfrentan sanciones por violar los derechos de los ciudadanos a recibir información y, por otro, castigos por divulgar datos confidenciales (secretos). Y, como ya dijimos, el primer tipo de multa (violación del Artículo 212-3 del Código de Infracciones Administrativas) es mucho menor que el segundo (violación de los Artículos 212-2 y 212-5 del mismo Código). Obviamente, por temor a fuertes multas, los funcionarios simplemente se verán obligados a ignorar nuestros derechos de acceso a la información pública. Y esto a su vez conducirá a una violación del art. 34 de la Constitución de Ucrania, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales (artículo 10), así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 18 y 19). Para evitar que esto suceda, se debe hacer una de dos cosas: abandonar completamente la empresa del Sr. Khoroshkovsky o eliminar las contradicciones en la Ley de Acceso a la Información Pública.
¿A qué conducirá el dilema no resuelto? Con toda probabilidad, las quejas públicas del equipo presidencial no pueden evitarse.
Fuente: Capital News
Con la presentación del Servicio de Seguridad de Ucrania en la Rada Suprema, apareció el proyecto de ley No. 8490 "Sobre las enmiendas al Código de Ucrania sobre infracciones administrativas relacionadas con el fortalecimiento de la responsabilidad por violar la Ley de protección de la información con acceso limitado, que es propiedad del Estado". Se trata de cambiar dos artículos de dicho código. El primero de ellos (Art. 212-2) propone aumentar la multa diez veces por violación de la ley sobre secretos de estado. Si antes el culpable brillaba de 3 a 10 ingresos mínimos libres de impuestos de los ciudadanos (51-170 hryvnias), ahora es 30-100 (510-1700 hryvnias, respectivamente). Y con una violación repetida: 50-150 (850-2550 hryvnia).
En caso de divulgación de información confidencial (artículos 212-5), quieren aumentar el tamaño de la multa veinte veces. En lugar de los 3–8 “salarios mínimos” anteriores, se propone multar con 60–160 mínimos de ingresos libres de impuestos (1020–2820 hryvnias). En consecuencia, por violación reiterada - por 160-260 "mínimo" (2820-4420 hryvnia).
¿Qué causó el nuevo castigo administrativo? La respuesta está contenida en una nota explicativa firmada por el jefe de la SBU Valery Khoroshkovsky: “El año pasado, de acuerdo con los resultados de las inspecciones de protección de secretos de estado en las autoridades estatales, instituciones, organizaciones y empresas, se revelaron más de 9 mil violaciones de los requisitos de la legislación, más de 1.1 quedaron bajo responsabilidad administrativa miles de personas ... ".
Según Khoroshkovsky, las multas por violar las leyes sobre secretos de estado e información confidencial no se corresponden con "el daño hecho y las realidades de hoy". El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania llega a otra conclusión "competente": "El proyecto de ley no requiere consultas con el público". Resulta que durante la discusión de este documento, la Rada Suprema debería convertirse de un organismo público en uno cerrado.
Como puede ver, los castigos administrativos ofrecidos por el jefe de la SBU son más severos que los castigos por violar los derechos de acceso de los ciudadanos a la información pública. Por ejemplo, según el Artículo 212-3 del Código de Infracciones Administrativas (sobre el derecho de los ciudadanos a recibir información), los funcionarios pueden ser multados con 25-50 ingresos mínimos no imponibles (425-850 hryvnias). Mientras que para la divulgación de datos confidenciales (de acuerdo con la nueva versión del artículo 212-5), la multa se establece en 60-160 "mínimo" (1020-2820 hryvnia).
A primera vista, tal diferencia en los "precios" puede parecer bastante razonable: dicen que los problemas de protección de los secretos militares y estatales son más importantes que las solicitudes de información de la gente común. Pero al mismo tiempo, surge la pregunta de inmediato: ¿quién debe determinar cómo y cuánto esta o aquella información causa (o no) perjudica al estado? ¿Es posible que el daño del cierre artificial de las autoridades sea mayor que la amenaza de fuga de datos confidenciales?
Parece que las "autoridades competentes" decidieron aprovechar las deficiencias que abunda la Ley "sobre el acceso a la información pública". En particular, no indica cuándo y cómo se pueden cerrar los documentos abiertos. Algunas de sus normas son simplemente sorprendentes en sus contradicciones. Por ejemplo, de acuerdo con la Parte 7 del art. 6, la información está sujeta a un acceso limitado y no al documento en sí (que es secreto o confidencial). Al mismo tiempo, parte 3 del artículo 9 menciona el sello de la firma "para uso oficial", pero no menciona la posibilidad de obtener una parte abierta de la información de dichos documentos.
La pregunta es, ¿qué deben hacer los funcionarios del gobierno con un "vector múltiple"? Al no ver una distinción clara entre la información pública y los datos confidenciales, corren el riesgo de encontrarse entre dos incendios: por un lado, enfrentan sanciones por violar los derechos de los ciudadanos a recibir información y, por otro, castigos por divulgar datos confidenciales (secretos). Y, como ya dijimos, el primer tipo de multa (violación del Artículo 212-3 del Código de Infracciones Administrativas) es mucho menor que el segundo (violación de los Artículos 212-2 y 212-5 del mismo Código). Obviamente, por temor a fuertes multas, los funcionarios simplemente se verán obligados a ignorar nuestros derechos de acceso a la información pública. Y esto a su vez conducirá a una violación del art. 34 de la Constitución de Ucrania, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales (artículo 10), así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 18 y 19). Para evitar que esto suceda, se debe hacer una de dos cosas: abandonar completamente la empresa del Sr. Khoroshkovsky o eliminar las contradicciones en la Ley de Acceso a la Información Pública.
¿A qué conducirá el dilema no resuelto? Con toda probabilidad, las quejas públicas del equipo presidencial no pueden evitarse.
Fuente: Capital News
Original message
Служба безопасности Украины намерена ужесточить наказание за разглашение гостайны и конфиденциальных данных. Однако столь благие намерения таят в себе скрытую угрозу для одобренного на Банковой Закона Украины «О доступе к публичной информации».
С подачи СБУ в Верховной Раде появился законопроект №8490 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства об охране информации с ограниченным доступом, которая является собственностью государства». Речь идет об изменении двух статей упомянутого кодекса. В первой из них (ст. 212-2) предлагается в десять раз увеличить размер штрафа за нарушение законодательства о государственной тайне. Если раньше виновнику светило от 3 до 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51—170 гривен), то теперь — 30—100 (соответственно 510—1700 гривен). А при повторном нарушении — 50—150 (850—2550 гривен).
В случае разглашение конфиденциальной информации (ст. 212-5) размер штрафа хотят увеличить уже в двадцать раз. Вместо прежних 3—8 «минималок» предлагается штрафовать на 60—160 не облагаемых налогом минимумов доходов (1020—2820 гривен). Соответственно за повторное нарушение — на 160—260 «минималок» (2820—4420 гривен).
Чем же вызваны новые админнаказания? Ответ содержится в пояснительной записке, подписанной главой СБУ Валерием Хорошковским: «В прошлом году по результатам проверок состояния охраны государственной тайны в органах государственной власти, учреждениях, организациях и на предприятиях выявлено более 9 тысяч нарушений требований законодательства, к административной ответственности привлечено более 1,1 тысячи человек...».
По мнению Хорошковского, штрафы за нарушение законов о гостайне и конфиденциальной информации не соответствуют «нанесенному ущербу и сегодняшним реалиям». Ратуя за ужесточение админнаказаний, глава СБУ приходит к еще одному «компетентному» выводу: «Законопроект не требует проведения консультаций с общественностью». Выходит, в ходе обсуждения сего документа Верховная Рада должна из публичного органа превратиться в закрытый?
Как видим, админнаказания, предлагаемые главой СБУ, более суровые, чем наказания за нарушение прав доступа граждан к публичной информации. К примеру, согласно статье 212-3 Кодекса об админнарушениях (о праве граждан на получение информации), чиновника могут оштрафовать на 25—50 не облагаемых налогом минимумов доходов (425—850 гривен). Тогда как за разглашение конфиденциальных данных (согласно новой редакции статьи 212-5) штраф установлен в размере 60—160 «минималок» (1020—2820 гривен).
На первый взгляд такая разница в «ценах» может показаться вполне обоснованной: дескать, вопросы охраны военной и государственной тайны являются более важными, чем информационные запросы простых людей. Но при этом сразу же возникает вопрос: кто и как должен определять, насколько та или иная информация наносит (или не наносит) вред государству? Не получится ли так, что вред от искусственной закрытости органов власти окажется большим, чем угроза утечки конфиденциальных данных?
Такое впечатление, что «компетентные органы» решили воспользоваться недостатками, которыми изобилует Закон «О доступе к публичной информации». В частности, он не указывает на то, когда и как открытые документы могут стать закрытыми. Некоторые его нормы просто удивляют своими противоречиями. К примеру, согласно ч. 7 ст. 6, ограниченному доступу подлежит информация, а не сам документ (являющийся секретным или конфиденциальным). В то же время ч. 3 ст. 9 упоминает о грифе «для служебного пользования», но умалчивает о возможности получения открытой части информации из таких документов.
Спрашивается, как должны поступать госчиновники при такой «разновекторности»? Не видя четкой грани между публичной информацией и конфиденциальными данными, они рискуют оказаться между двух огней: с одной стороны, им грозят наказания за нарушение прав граждан на получение информации, с другой — наказания за разглашение конфиденциальных (секретных) данных. И, как мы уже сказали, первый вид штрафа (нарушение ст. 212-3 Кодекса об админнарушениях) намного меньше, чем второй (нарушение ст.ст. 212-2 и 212-5 того же Кодекса). Очевидно, что, опасаясь больших штрафов, чиновники будут просто вынуждены игнорировать наши права на доступ к публичной информации. А это в свою очередь приведет к нарушению ст. 34 Конституции Украины, Европейской конвенции о защите прав и основных свобод (ст. 10), а также Международного пакта о гражданских и политических правах (ст.ст. 18 и 19). Чтобы этого не случилось, нужно сделать одно из двух: либо вообще отказаться от затеи г-на Хорошковского, либо устранить противоречия в Законе «О доступе к публичной информации».
К чему приведет нерешенность этой дилеммы? По всей вероятности, общественных нареканий президентской команде не избежать.
Источник: Столичные Новости
С подачи СБУ в Верховной Раде появился законопроект №8490 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства об охране информации с ограниченным доступом, которая является собственностью государства». Речь идет об изменении двух статей упомянутого кодекса. В первой из них (ст. 212-2) предлагается в десять раз увеличить размер штрафа за нарушение законодательства о государственной тайне. Если раньше виновнику светило от 3 до 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51—170 гривен), то теперь — 30—100 (соответственно 510—1700 гривен). А при повторном нарушении — 50—150 (850—2550 гривен).
В случае разглашение конфиденциальной информации (ст. 212-5) размер штрафа хотят увеличить уже в двадцать раз. Вместо прежних 3—8 «минималок» предлагается штрафовать на 60—160 не облагаемых налогом минимумов доходов (1020—2820 гривен). Соответственно за повторное нарушение — на 160—260 «минималок» (2820—4420 гривен).
Чем же вызваны новые админнаказания? Ответ содержится в пояснительной записке, подписанной главой СБУ Валерием Хорошковским: «В прошлом году по результатам проверок состояния охраны государственной тайны в органах государственной власти, учреждениях, организациях и на предприятиях выявлено более 9 тысяч нарушений требований законодательства, к административной ответственности привлечено более 1,1 тысячи человек...».
По мнению Хорошковского, штрафы за нарушение законов о гостайне и конфиденциальной информации не соответствуют «нанесенному ущербу и сегодняшним реалиям». Ратуя за ужесточение админнаказаний, глава СБУ приходит к еще одному «компетентному» выводу: «Законопроект не требует проведения консультаций с общественностью». Выходит, в ходе обсуждения сего документа Верховная Рада должна из публичного органа превратиться в закрытый?
Как видим, админнаказания, предлагаемые главой СБУ, более суровые, чем наказания за нарушение прав доступа граждан к публичной информации. К примеру, согласно статье 212-3 Кодекса об админнарушениях (о праве граждан на получение информации), чиновника могут оштрафовать на 25—50 не облагаемых налогом минимумов доходов (425—850 гривен). Тогда как за разглашение конфиденциальных данных (согласно новой редакции статьи 212-5) штраф установлен в размере 60—160 «минималок» (1020—2820 гривен).
На первый взгляд такая разница в «ценах» может показаться вполне обоснованной: дескать, вопросы охраны военной и государственной тайны являются более важными, чем информационные запросы простых людей. Но при этом сразу же возникает вопрос: кто и как должен определять, насколько та или иная информация наносит (или не наносит) вред государству? Не получится ли так, что вред от искусственной закрытости органов власти окажется большим, чем угроза утечки конфиденциальных данных?
Такое впечатление, что «компетентные органы» решили воспользоваться недостатками, которыми изобилует Закон «О доступе к публичной информации». В частности, он не указывает на то, когда и как открытые документы могут стать закрытыми. Некоторые его нормы просто удивляют своими противоречиями. К примеру, согласно ч. 7 ст. 6, ограниченному доступу подлежит информация, а не сам документ (являющийся секретным или конфиденциальным). В то же время ч. 3 ст. 9 упоминает о грифе «для служебного пользования», но умалчивает о возможности получения открытой части информации из таких документов.
Спрашивается, как должны поступать госчиновники при такой «разновекторности»? Не видя четкой грани между публичной информацией и конфиденциальными данными, они рискуют оказаться между двух огней: с одной стороны, им грозят наказания за нарушение прав граждан на получение информации, с другой — наказания за разглашение конфиденциальных (секретных) данных. И, как мы уже сказали, первый вид штрафа (нарушение ст. 212-3 Кодекса об админнарушениях) намного меньше, чем второй (нарушение ст.ст. 212-2 и 212-5 того же Кодекса). Очевидно, что, опасаясь больших штрафов, чиновники будут просто вынуждены игнорировать наши права на доступ к публичной информации. А это в свою очередь приведет к нарушению ст. 34 Конституции Украины, Европейской конвенции о защите прав и основных свобод (ст. 10), а также Международного пакта о гражданских и политических правах (ст.ст. 18 и 19). Чтобы этого не случилось, нужно сделать одно из двух: либо вообще отказаться от затеи г-на Хорошковского, либо устранить противоречия в Законе «О доступе к публичной информации».
К чему приведет нерешенность этой дилеммы? По всей вероятности, общественных нареканий президентской команде не избежать.
Источник: Столичные Новости
