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PARA CONTAR CON ESTE TIPO DE ACTUACIÓN ES IMPRESCINDIBLE QUE EL CLIENTE TENGA UN VÍNCULO CONCRETO CON EL SUJETO Y LOS HECHOS QUE SE VAN A INDAGAR.
Cuándo se puede contratar a un detective privado: Estos son los casos en los que puede utilizarse sus servicios.
El trabajo de los detectives privados se vincula en muchas ocasiones a la imagen que de ellos se retrata en películas de ficción. Sin embargo, su trabajo va mucho más allá de destapar infidelidades. Su contratación, de hecho, ha aumentado desde el inicio de la pandemia, principalmente para destapar fraudes en el ámbito laboral y combatir las prácticas desleales. Para recurrir a este tipo de servicios deben de cumplirse, no obstante, una serie de requisitos que te explicamos a continuación.Aunque es sabido que existe una mitificación en torno a la figura de los detectives privados, el desempeño de las funciones de estos profesionales de la investigación está regulado por la Ley de Seguridad Privada 5/2014, que acota su campo de actuación y establece claros límites a sus competencias sobre el terreno.
Se estima que la contratación de detectives privados ha aumentado desde el inicio de la pandemia, sobre todo para destapar fraudes en el ámbito laboral y combatir las prácticas desleales.
Pero, ¿qué se contrata cuando se recurre a un investigador privado?
Está claro que, al recurrir a un detective privado, se está contratando a alguien para que indague por su cuenta, en base a unos límites consensuados, un determinado hecho. Sin embargo, la contratación de un detective privado va mucho más allá del mero hecho de pagar por obtener información: se están contratando los servicios de profesionales que cuentan con las correspondientes acreditaciones y que han desarrollado una serie de destrezas y habilidades sobre el terreno gracias a la formación recibida y a la experiencia obtenida.
Y es que los requisitos para dedicarse a la investigación privada son estrictos. Más allá de los requerimientos formales -ser mayor de edad, poseer la nacionalidad de algún Estado Miembro de la Unión Europea, o en su defecto ostentar la nacionalidad de algún país suscrito a un convenio internacional con España, y contar con la titulación correspondiente-, se necesita estar en posesión de la capacidad física y psicológica necesarias para desempeñar adecuadamente las labores inherentes a la investigación privada.
A ello se suma la necesidad de no haber sido procesado por ningún delito, debiendo carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, ni haber sido sancionado en los últimos dos años por infracción grave, así como en los últimos cuatro años por infracción muy grave en lo que a la investigación y seguridad privadas se refiere.
También es requisito indispensable no haber sido separado del servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni de las Fuerzas Armadas Españolas en los últimos dos años, así como no haber sido condenado por intromisión ilegítima por violaciones de intimidad personal, derecho al honor ni a la propia imagen. Por último, también se exige que no se haya vulnerado el secreto de las comunicaciones o de otro tipo de derechos fundamentales en los últimos cinco años.
Con ello, lo que se pretende dejar de manifiesto es que un detective privado es mucho más que alguien que se dedica a seguir a personas para recabar información. En este sentido, un detective privado es un profesional que se dedica a ejercer su labor conociendo todos los límites del marco legal y obteniendo siempre la información en base a unos requisitos formales inviolables que no se vulneran en ningún momento, tratando la información con el respeto y la discreción que merece y que se caracteriza por la honestidad, la dedicación y la tenacidad que se requieren para el oficio.
¿Cuándo se puede contratar a un detective privado?
Para que un investigador privado pueda comenzar sus pesquisas debe existir la certeza de que la información que el cliente solicita cuenta con la correspondiente legitimación. Es decir, es un requisito indispensable que la persona que desea contar con este tipo de servicios tenga un vínculo concreto con el sujeto y los hechos que se van a investigar para que exista la legitimación necesaria para comenzar a trazar el plan del caso. Si no existe un derecho legítimo de saber algo, un investigador privado no puede iniciar la investigación y el caso ni siquiera comienza a planificarse.
Para iniciar sus pesquisas, el cliente debe contar con la correspondiente legitimización.
Estar legitimado para conocer un determinado tipo de información es fundamental para que el caso pueda ser aceptado, y solo en esos supuestos pueden recabarse los datos necesarios para averiguar algo acerca de un determinado hecho. Por ejemplo, un detective privado puede recabar información de carácter económico, social, familiar, mercantil o laboral, pero la actividad de un investigador privado siempre se queda al margen de cualquier hecho que tenga lugar en espacios reservados, como viviendas particulares. De este modo, a pesar de que exista un vínculo legal demostrable con el sujeto que es objeto de la investigación, prima el derecho a la intimidad personal, la cual es inviolable.También pueden contratarse los servicios de un detective privado si se desean investigar delitos perseguibles a instancias de parte. Sin embargo, cabe puntualizar que un investigador privado nunca podrá intervenir en casos que persigan delitos de oficio y, por su supuesto, no pueden hacer uso en ningún caso de medios técnicos que supongan una violación del derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen, algo extensible a las comunicaciones que tienen lugar en plataformas electrónicas.
Labores que llevan a cabo los detectives privados
El halo de misterio que siempre ha envuelto la profesión de los investigadores privados hace que existan muchos prejuicios acerca de un trabajo que, como explican desde el sector, no siempre se lleva a cabo en el interior de un coche, cámara en mano o con gabardina, sombrero y pipa.
Sus servicios, por otra parte, no solo incluyen la investigación de infidelidades amorosas, también proporcionan soporte directo a numerosos despachos de abogados, ofreciendo informes minuciosos para aportar pruebas testificales válidas en un proceso judicial, por ejemplo.
También llevan a cabo numerosos casos para compañías aseguradoras que han sospechado ser víctimas de fraude. Especialmente desde la recesión económica de la década pasada, cuando los casos de fraude han aumentado en más de un 70%. En este sentido, las cifras dejan poco margen para la duda: hace diez años los fraudes destapados anuales superaban los 130.000 casos, y esta cifra se ha mantenido hasta la actualidad como una constante.
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