- Registrado
- 15 Dic 2010
- Mensajes
- 1.940
- Puntuación de reacción
- 12
- Puntos
- 38
- Edad
- 47
- Ubicación
- Россия, Омск. +7-923-686-0630.
- Sitio web
- secret-adviser.tiu.ru
Tu honor está fastidiado
El Ministerio de Justicia determina cómo rastrear a un sospechoso si es juez
Periódico ruso - Número Federal No. 5585 (209)
20/09/2011 00:50 a.m.
¿Quién debe dar permiso para espiar a un juez sospechoso de corrupción? El Tribunal Constitucional primero respondió a esta grave pregunta, y después de esto, el Ministerio de Justicia preparó enmiendas a la ley, a partir de las cuales queda claro qué tribunal debe permitir la vigilancia y el espionaje de una persona en el manto.
Como saben, los jueces pertenecen a esta categoría de ciudadanos a quienes las agencias de aplicación de la ley no pueden simplemente escuchar. O, en lenguaje oficial, está prohibido llevar a cabo medidas de búsqueda operativa contra ellos sin una sanción especial. Los jueces, a diferencia de los ciudadanos comunes, disfrutan de inmunidad especial incluso si se sospecha que son corruptos.
El motivo del desarrollo de un nuevo proyecto de ley por parte del Ministerio de Justicia fue la decisión del Tribunal Constitucional, que se emitió este verano. Rossiyskaya Gazeta publicó este veredicto.
Todo comenzó con el hecho de que Igor Anosov, ex juez del Tribunal de Distrito de Rostov-on-Don de Voroshilovsky, presentó una solicitud ante el Tribunal Constitucional. Se quejó de que un tribunal de una región vecina emitió el permiso para llevar a cabo medidas de búsqueda operativa en su contra: el Tribunal Regional de Krasnodar y no el Regional de Rostov. Los propios chekistas, que estaban conduciendo el caso del juez, dijeron que Anosov tenía conexiones serias y antiguas en las autoridades judiciales de la región de Rostov, donde había estado trabajando durante mucho tiempo, y por lo tanto una apelación ante el tribunal de Rostov podría conducir a una violación del secreto.
El Tribunal Constitucional estuvo de acuerdo con tales argumentos. "La observancia del secreto también es necesaria cuando se obtiene permiso judicial para llevar a cabo medidas de investigación operativas en relación con la verificación de información sobre los signos de un delito preparado, cometido o cometido", dijo el tribunal. Pero, dicho esto, el Tribunal Constitucional agregó que el cambio de jurisdicción debe hacerse solo con el consentimiento del Tribunal Supremo, y los investigadores de Rostov presentaron una solicitud directamente al Tribunal Regional de Krasnodar.
El caso del ex juez de distrito fue indicativo. Fue acusado de recibir un soborno. Según los investigadores, en el verano de 2009, el juez Anosov recibió una demanda contra la administración del distrito. El caso era común: un residente local exigió que los funcionarios locales se vieran obligados a reconocer su propiedad de una casa no autorizada. Para esto, se necesitaba una decisión judicial. El juez exigió al demandante 100 mil rublos por la decisión "correcta". La señora estuvo de acuerdo con la cantidad anunciada, pero fue a pedir dinero a las agencias policiales.
Al recibir parte de la cantidad, Anosov fue detenido por oficiales del FSB en la región de Rostov justo en el lugar de trabajo y con las manos en la masa. Mientras la investigación continuaba, Anosov renunció. En el Tribunal Constitucional, el ex juez solicitó que se verificara el cumplimiento de la Constitución de las leyes "sobre el estatuto de los jueces en la Federación de Rusia" y "sobre las actividades de investigación y búsqueda". El hecho es que la junta judicial del Tribunal Regional de Krasnodar privó a Anosov de inmunidad judicial. Fue esto lo que permitió a los agentes reunir pruebas contra el juez e iniciar procedimientos penales. El ex juez estaba seguro de que su inmunidad no debería haber sido tomada por el tribunal regional vecino, sino por el suyo, el tribunal regional de Rostov. Según la Dirección del FSB para la región de Rostov, recurrieron a sus vecinos a la perfección. El juez Anosov conocía bastante bien el poder judicial de Rostov del Don, y sus buenas intenciones podrían revelar el secreto de la vigilancia.
Se sabe que los derechos a la privacidad, el hogar, la privacidad de la correspondencia y las conversaciones telefónicas están garantizados por la Constitución. Solo un tribunal puede restringir estos derechos. Esta es una cara de la moneda. Otro: está prohibido transferir un caso de un tribunal a otro sin fundamentos suficientes. Aunque la ley establece excepciones del orden general. Considerando el caso de Anosov, el Tribunal Constitucional señaló que asegurar la información sobre las medidas operativas planificadas contra una persona sospechosa de preparar o cometer un delito es algo extremadamente importante. En su opinión, si solicitar permiso para llevar a cabo medidas de búsqueda operativa en un tribunal en particular conlleva una amenaza real de violación del régimen de secreto, entonces la consideración de este tema puede asignarse a otro tribunal.
En ese momento, de acuerdo con los investigadores, el Tribunal Constitucional dijo que el legislador tiene derecho a cambiar las reglas de jurisdicción cuando se trata de dar permiso para llevar a cabo medidas de investigación operativas contra un juez federal. Así quedó registrado en el veredicto del Tribunal Constitucional. Y ahora el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia ha desarrollado enmiendas a las leyes "Sobre el estado de los jueces en la Federación de Rusia" y "Sobre la actividad de búsqueda operativa" teniendo en cuenta las opiniones de los jueces constitucionales.
Se propone que el Ministerio de Justicia complemente el párrafo 7 del artículo 16 de la Ley "sobre el estatuto de los jueces en la Federación de Rusia" con una nueva norma. Sonará así: “la jurisdicción territorial de los casos penales y los materiales sobre los cuales se llevarán a cabo acciones de investigación o medidas de búsqueda operativa con respecto a un juez relacionado con la restricción de sus derechos constitucionales o la violación de su inviolabilidad, está determinada por la ley de procedimiento penal federal y la ley de expedición actividades de búsqueda ".
El Ministerio de Justicia propone registrar en el artículo 9 de la Ley de Actividades de Investigación Operativa que "si existen temores fundados sobre la posibilidad de desclasificar las medidas de investigación operativa planificadas para los jueces, los materiales pueden enviarse para su consideración a otro tribunal equivalente". Dicha transferencia solo será posible "sobre la base de una decisión del Presidente del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia o de su suplente". También se propone introducir normas en el artículo que "un juez autorizado debe examinar inmediatamente los materiales solos" y que "no tiene derecho a negarse a considerar dichos materiales si se presentan".
[DLMURL] https://www.rg.ru/2011/09/20/sudji.html [/ DLMURL]
El Ministerio de Justicia determina cómo rastrear a un sospechoso si es juez
Periódico ruso - Número Federal No. 5585 (209)
20/09/2011 00:50 a.m.
¿Quién debe dar permiso para espiar a un juez sospechoso de corrupción? El Tribunal Constitucional primero respondió a esta grave pregunta, y después de esto, el Ministerio de Justicia preparó enmiendas a la ley, a partir de las cuales queda claro qué tribunal debe permitir la vigilancia y el espionaje de una persona en el manto.
Como saben, los jueces pertenecen a esta categoría de ciudadanos a quienes las agencias de aplicación de la ley no pueden simplemente escuchar. O, en lenguaje oficial, está prohibido llevar a cabo medidas de búsqueda operativa contra ellos sin una sanción especial. Los jueces, a diferencia de los ciudadanos comunes, disfrutan de inmunidad especial incluso si se sospecha que son corruptos.
El motivo del desarrollo de un nuevo proyecto de ley por parte del Ministerio de Justicia fue la decisión del Tribunal Constitucional, que se emitió este verano. Rossiyskaya Gazeta publicó este veredicto.
Todo comenzó con el hecho de que Igor Anosov, ex juez del Tribunal de Distrito de Rostov-on-Don de Voroshilovsky, presentó una solicitud ante el Tribunal Constitucional. Se quejó de que un tribunal de una región vecina emitió el permiso para llevar a cabo medidas de búsqueda operativa en su contra: el Tribunal Regional de Krasnodar y no el Regional de Rostov. Los propios chekistas, que estaban conduciendo el caso del juez, dijeron que Anosov tenía conexiones serias y antiguas en las autoridades judiciales de la región de Rostov, donde había estado trabajando durante mucho tiempo, y por lo tanto una apelación ante el tribunal de Rostov podría conducir a una violación del secreto.
El Tribunal Constitucional estuvo de acuerdo con tales argumentos. "La observancia del secreto también es necesaria cuando se obtiene permiso judicial para llevar a cabo medidas de investigación operativas en relación con la verificación de información sobre los signos de un delito preparado, cometido o cometido", dijo el tribunal. Pero, dicho esto, el Tribunal Constitucional agregó que el cambio de jurisdicción debe hacerse solo con el consentimiento del Tribunal Supremo, y los investigadores de Rostov presentaron una solicitud directamente al Tribunal Regional de Krasnodar.
El caso del ex juez de distrito fue indicativo. Fue acusado de recibir un soborno. Según los investigadores, en el verano de 2009, el juez Anosov recibió una demanda contra la administración del distrito. El caso era común: un residente local exigió que los funcionarios locales se vieran obligados a reconocer su propiedad de una casa no autorizada. Para esto, se necesitaba una decisión judicial. El juez exigió al demandante 100 mil rublos por la decisión "correcta". La señora estuvo de acuerdo con la cantidad anunciada, pero fue a pedir dinero a las agencias policiales.
Al recibir parte de la cantidad, Anosov fue detenido por oficiales del FSB en la región de Rostov justo en el lugar de trabajo y con las manos en la masa. Mientras la investigación continuaba, Anosov renunció. En el Tribunal Constitucional, el ex juez solicitó que se verificara el cumplimiento de la Constitución de las leyes "sobre el estatuto de los jueces en la Federación de Rusia" y "sobre las actividades de investigación y búsqueda". El hecho es que la junta judicial del Tribunal Regional de Krasnodar privó a Anosov de inmunidad judicial. Fue esto lo que permitió a los agentes reunir pruebas contra el juez e iniciar procedimientos penales. El ex juez estaba seguro de que su inmunidad no debería haber sido tomada por el tribunal regional vecino, sino por el suyo, el tribunal regional de Rostov. Según la Dirección del FSB para la región de Rostov, recurrieron a sus vecinos a la perfección. El juez Anosov conocía bastante bien el poder judicial de Rostov del Don, y sus buenas intenciones podrían revelar el secreto de la vigilancia.
Se sabe que los derechos a la privacidad, el hogar, la privacidad de la correspondencia y las conversaciones telefónicas están garantizados por la Constitución. Solo un tribunal puede restringir estos derechos. Esta es una cara de la moneda. Otro: está prohibido transferir un caso de un tribunal a otro sin fundamentos suficientes. Aunque la ley establece excepciones del orden general. Considerando el caso de Anosov, el Tribunal Constitucional señaló que asegurar la información sobre las medidas operativas planificadas contra una persona sospechosa de preparar o cometer un delito es algo extremadamente importante. En su opinión, si solicitar permiso para llevar a cabo medidas de búsqueda operativa en un tribunal en particular conlleva una amenaza real de violación del régimen de secreto, entonces la consideración de este tema puede asignarse a otro tribunal.
En ese momento, de acuerdo con los investigadores, el Tribunal Constitucional dijo que el legislador tiene derecho a cambiar las reglas de jurisdicción cuando se trata de dar permiso para llevar a cabo medidas de investigación operativas contra un juez federal. Así quedó registrado en el veredicto del Tribunal Constitucional. Y ahora el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia ha desarrollado enmiendas a las leyes "Sobre el estado de los jueces en la Federación de Rusia" y "Sobre la actividad de búsqueda operativa" teniendo en cuenta las opiniones de los jueces constitucionales.
Se propone que el Ministerio de Justicia complemente el párrafo 7 del artículo 16 de la Ley "sobre el estatuto de los jueces en la Federación de Rusia" con una nueva norma. Sonará así: “la jurisdicción territorial de los casos penales y los materiales sobre los cuales se llevarán a cabo acciones de investigación o medidas de búsqueda operativa con respecto a un juez relacionado con la restricción de sus derechos constitucionales o la violación de su inviolabilidad, está determinada por la ley de procedimiento penal federal y la ley de expedición actividades de búsqueda ".
El Ministerio de Justicia propone registrar en el artículo 9 de la Ley de Actividades de Investigación Operativa que "si existen temores fundados sobre la posibilidad de desclasificar las medidas de investigación operativa planificadas para los jueces, los materiales pueden enviarse para su consideración a otro tribunal equivalente". Dicha transferencia solo será posible "sobre la base de una decisión del Presidente del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia o de su suplente". También se propone introducir normas en el artículo que "un juez autorizado debe examinar inmediatamente los materiales solos" y que "no tiene derecho a negarse a considerar dichos materiales si se presentan".
[DLMURL] https://www.rg.ru/2011/09/20/sudji.html [/ DLMURL]
Original message
Ваша честь прослушивается
Минюст определил, как следить за подозреваемым, если он - судья
"Российская газета" - Федеральный выпуск №5585 (209)
20.09.2011, 00:50
Кто должен давать разрешение на слежку за судьей, которого подозревают в коррупции? На этот серьезный вопрос сначала ответил Конституционный суд, а вслед за ним министерство юстиции подготовило изменения в закон, из которого становится понятно, какой суд должен разрешить слежку и подслушивание человека в мантии.
Как известно, судьи относятся к такой категории граждан, которых правоохранительным органам нельзя просто так подслушать. Или, говоря казенным языком, против них запрещено вести оперативно-розыскные мероприятия без особой санкции. Судьи, в отличие от рядовых граждан, пользуются специальным иммунитетом даже в случае подозрения их в коррупции.
Поводом для разработки минюстом нового законопроекта стало решение Конституционного суда, которое было вынесено летом этого года. "Российская газета" печатала этот вердикт.
Все началось с того, что в Конституционный суд обратился бывший судья Ворошиловского райсуда Ростова-на-Дону Игорь Аносов. Он жаловался на то, что разрешение на проведение против него оперативно-розыскных мероприятий было выдано судом соседнего региона - Краснодарским краевым судом, а не Ростовским областным. Сами чекисты, которые вели дело судьи, говорили, что у Аносова серьезные и старые связи в судебных органах Ростовской области, где он работает очень давно, а потому обращение в ростовский суд могло привести к нарушению секретности.
Конституционный суд с такими доводами согласился. "Соблюдение секретности требуется и при получении судебного разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий в связи с проверкой информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления", - говорится в постановлении суда. Но, сказав это, Конституционный суд добавил, что изменение подсудности должно производиться только с согласия Верховного суда, а ростовские оперативники обратились напрямую в Краснодарский краевой суд.
Дело бывшего районного судьи было показательным. Его обвинили в получении взятки. По версии следствия, летом 2009 года к судье Аносову поступил иск к районной администрации. Дело было банальным: одна местная жительница требовала заставить местных чиновников признать за ней право собственности на самовольно построенный дом. Для этого нужно было решение суда. Судья потребовал с истицы за "правильное" решение 100 тысяч рублей. Дама с озвученной суммой согласилась, но деньги пошла просить в правоохранительные органы.
При получении части суммы Аносов был задержан сотрудниками УФСБ по Ростовской области прямо на рабочем месте и с поличным. Пока шло следствие, Аносов уволился. В Конституционном суде бывший судья просил проверить на соответствие Конституции законы "О статусе судей в РФ" и "Об оперативно-розыскной деятельности". Дело в том, что судебная коллегия Краснодарского краевого суда лишила Аносова судейской неприкосновенности. Именно это позволило оперативникам собрать против судьи доказательства и возбудить уголовное дело. Бывший судья был уверен, что отнять у него неприкосновенность должен был не соседний краевой, а свой, Ростовский областной суд. По мнению Управления ФСБ по Ростовской области, они обратились к соседям как раз правильно. Судья Аносов неплохо знал судейский корпус Ростова-на-Дону, и ему доброхоты вполне могли раскрыть тайну о слежке.
Известно, что права на неприкосновенность частной жизни, жилища, тайна переписки и телефонных переговоров гарантированы Конституцией. Ограничить эти права может лишь суд. Это одна сторона медали. Другая - передача дела из одного суда в другой без достаточных оснований запрещена. Хотя в законе прописаны и исключения из общего порядка. Рассматривая дело Аносова, Конституционный суд заметил, что обеспечение тайны информации о планируемых оперативных мероприятиях против человека, подозреваемого в подготовке или совершении преступления, - вещь крайне важная. По его мнению, если обращение за разрешением на проведение оперативно-розыскных мероприятий в конкретный суд влечет реальную угрозу нарушения режима секретности, то рассмотрение этого вопроса может быть возложено на другой суд.
В тот раз согласившись с оперативниками, Конституционный суд сказал, что законодатель имеет право изменить правила подсудности, когда речь идет о даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении федерального судьи. Так и было записано в вердикте Конституционного суда. И вот теперь Министерство юстиции РФ разработало поправки в законы "О статусе судей в РФ" и "Об оперативно-розыскной деятельности" с учетом мнения конституционных судей.
Минюст предлагается пункт 7 статьи 16 Закона "О статусе судей в РФ" дополнить новой нормой. Она будет звучать так: "территориальная подсудность уголовных дел и материалов, по которым будут осуществляться следственные действия или оперативно-розыскные мероприятия в отношении судьи, связанные с ограничением его конституционных прав либо с нарушением его неприкосновенности, определяется федеральным уголовно-процессуальным законом и законом об оперативно-розыскной деятельности".
В статье 9 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" минюст предлагает записать, что "при наличии обоснованных опасений относительно возможности рассекречивания оперативно-розыскных мероприятий, планируемых в отношении судей, материалы могут быть переданы для рассмотрения в иной равнозначный суд". Такая передача возможна будет только "на основании решения председателя Верховного суда РФ или его заместителя". В статью также предлагается ввести нормы о том, что "уполномоченный судья должен незамедлительно рассмотреть материалы единолично" и что он "не вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления".
[DLMURL]https://www.rg.ru/2011/09/20/sudji.html[/DLMURL]
Минюст определил, как следить за подозреваемым, если он - судья
"Российская газета" - Федеральный выпуск №5585 (209)
20.09.2011, 00:50
Кто должен давать разрешение на слежку за судьей, которого подозревают в коррупции? На этот серьезный вопрос сначала ответил Конституционный суд, а вслед за ним министерство юстиции подготовило изменения в закон, из которого становится понятно, какой суд должен разрешить слежку и подслушивание человека в мантии.
Как известно, судьи относятся к такой категории граждан, которых правоохранительным органам нельзя просто так подслушать. Или, говоря казенным языком, против них запрещено вести оперативно-розыскные мероприятия без особой санкции. Судьи, в отличие от рядовых граждан, пользуются специальным иммунитетом даже в случае подозрения их в коррупции.
Поводом для разработки минюстом нового законопроекта стало решение Конституционного суда, которое было вынесено летом этого года. "Российская газета" печатала этот вердикт.
Все началось с того, что в Конституционный суд обратился бывший судья Ворошиловского райсуда Ростова-на-Дону Игорь Аносов. Он жаловался на то, что разрешение на проведение против него оперативно-розыскных мероприятий было выдано судом соседнего региона - Краснодарским краевым судом, а не Ростовским областным. Сами чекисты, которые вели дело судьи, говорили, что у Аносова серьезные и старые связи в судебных органах Ростовской области, где он работает очень давно, а потому обращение в ростовский суд могло привести к нарушению секретности.
Конституционный суд с такими доводами согласился. "Соблюдение секретности требуется и при получении судебного разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий в связи с проверкой информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления", - говорится в постановлении суда. Но, сказав это, Конституционный суд добавил, что изменение подсудности должно производиться только с согласия Верховного суда, а ростовские оперативники обратились напрямую в Краснодарский краевой суд.
Дело бывшего районного судьи было показательным. Его обвинили в получении взятки. По версии следствия, летом 2009 года к судье Аносову поступил иск к районной администрации. Дело было банальным: одна местная жительница требовала заставить местных чиновников признать за ней право собственности на самовольно построенный дом. Для этого нужно было решение суда. Судья потребовал с истицы за "правильное" решение 100 тысяч рублей. Дама с озвученной суммой согласилась, но деньги пошла просить в правоохранительные органы.
При получении части суммы Аносов был задержан сотрудниками УФСБ по Ростовской области прямо на рабочем месте и с поличным. Пока шло следствие, Аносов уволился. В Конституционном суде бывший судья просил проверить на соответствие Конституции законы "О статусе судей в РФ" и "Об оперативно-розыскной деятельности". Дело в том, что судебная коллегия Краснодарского краевого суда лишила Аносова судейской неприкосновенности. Именно это позволило оперативникам собрать против судьи доказательства и возбудить уголовное дело. Бывший судья был уверен, что отнять у него неприкосновенность должен был не соседний краевой, а свой, Ростовский областной суд. По мнению Управления ФСБ по Ростовской области, они обратились к соседям как раз правильно. Судья Аносов неплохо знал судейский корпус Ростова-на-Дону, и ему доброхоты вполне могли раскрыть тайну о слежке.
Известно, что права на неприкосновенность частной жизни, жилища, тайна переписки и телефонных переговоров гарантированы Конституцией. Ограничить эти права может лишь суд. Это одна сторона медали. Другая - передача дела из одного суда в другой без достаточных оснований запрещена. Хотя в законе прописаны и исключения из общего порядка. Рассматривая дело Аносова, Конституционный суд заметил, что обеспечение тайны информации о планируемых оперативных мероприятиях против человека, подозреваемого в подготовке или совершении преступления, - вещь крайне важная. По его мнению, если обращение за разрешением на проведение оперативно-розыскных мероприятий в конкретный суд влечет реальную угрозу нарушения режима секретности, то рассмотрение этого вопроса может быть возложено на другой суд.
В тот раз согласившись с оперативниками, Конституционный суд сказал, что законодатель имеет право изменить правила подсудности, когда речь идет о даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении федерального судьи. Так и было записано в вердикте Конституционного суда. И вот теперь Министерство юстиции РФ разработало поправки в законы "О статусе судей в РФ" и "Об оперативно-розыскной деятельности" с учетом мнения конституционных судей.
Минюст предлагается пункт 7 статьи 16 Закона "О статусе судей в РФ" дополнить новой нормой. Она будет звучать так: "территориальная подсудность уголовных дел и материалов, по которым будут осуществляться следственные действия или оперативно-розыскные мероприятия в отношении судьи, связанные с ограничением его конституционных прав либо с нарушением его неприкосновенности, определяется федеральным уголовно-процессуальным законом и законом об оперативно-розыскной деятельности".
В статье 9 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" минюст предлагает записать, что "при наличии обоснованных опасений относительно возможности рассекречивания оперативно-розыскных мероприятий, планируемых в отношении судей, материалы могут быть переданы для рассмотрения в иной равнозначный суд". Такая передача возможна будет только "на основании решения председателя Верховного суда РФ или его заместителя". В статью также предлагается ввести нормы о том, что "уполномоченный судья должен незамедлительно рассмотреть материалы единолично" и что он "не вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления".
[DLMURL]https://www.rg.ru/2011/09/20/sudji.html[/DLMURL]
