Lo intentaré y primero agregaré aceite al fuego, y luego expresaré mi opinión.
Lo encontré en Internet:
Sobre la necesidad de monitorear las actividades de expertos no estatales
Recientemente, aquí y allá, se ha planteado la cuestión "sobre la racionalización de las acciones de expertos independientes".
Además, este problema no es planteado por expertos independientes, sino por agencias gubernamentales, por ejemplo, el Centro Federal Ruso de Expertos Forenses, la Oficina del Ministerio de Justicia de la Federación Rusa para la Región de Vorónezh y varios centros estatales de especialización. ¿Cuál es la razón de tal ansia de "... organización de un control público efectivo ..." sobre estas EN?
¿De dónde viene el "problema"? De hecho, la ley existente sobre actividad judicial experta no requiere ninguna forma de "control público" sobre las actividades de los expertos. Sí, y el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil existentes, y el complejo agroindustrial, indican definitivamente qué criterios debe y qué reglas debe seguir un experto forense. Además, no existe una división de expertos en "estatal" y "no estatal". Todo experto tiene los mismos derechos y obligaciones.
Entonces, ¿de dónde viene el deseo de los expertos "estatales", o más bien de sus gerentes, de controlar a los expertos "no estatales"? Probablemente hay varias razones para esto, como en cualquier negocio "turbio".
La primera es que las estructuras estatales de expertos han perdido el monopolio en la producción de peritaje. Ya no son "elegidos". Este sentimiento es similar al rencor para extraños como "¡Ven aquí!" .
En segundo lugar, se destruyó el corporativismo creado por estas estructuras durante muchos años, en el que era "indecente" condenar a un colega de errores, ya que "todos estudiaban con los mismos maestros".
Tercero, los "clientes" de experiencia tienen una alternativa en la elección de expertos. Anteriormente, el principio del "área de servicio" estaba vigente, lo que permitía a los organismos estatales de examen establecer sus condiciones al "cliente" tanto en términos de volumen como de términos de examen.
Pero todo esto es solo un trasfondo de la comodidad del trabajo de las instituciones estatales expertas. Inusual, incómodo, de alguna manera, ya sabes. La razón más importante es que, en presencia de expertos "no estatales", hubo una práctica en la que las conclusiones de los expertos "estatales" comenzaron a ser refutadas por las conclusiones de los "no estatales" en los tribunales o en el proceso del trabajo de los abogados. El monopolio de la "verdad última" desaparece. La imagen real en el campo de la actividad experta de las instituciones estatales comienza a aparecer. Y la calidad de la actividad experta en la GU depende directamente (de acuerdo con la ley de actividad experta) de la capacidad de su liderazgo para organizar dicha actividad. ¿Qué líder quiere esto?
Pero, esta es una razón importante para organizar "... un control público efectivo ...", pero no la más importante.
Como dicen los clásicos, "... busca a quién es beneficioso ...". Eso es todo - BENEFICIOS!
Esto es lo más importante que obliga al liderazgo de las instituciones estatales de expertos a exigir "... racionalizar y controlar ..." expertos no estatales.
La situación es la siguiente. Antes de la aprobación de la ley sobre actividades de expertos y algún tiempo después (hasta 2007), las SEU estatales realizaron parte de los exámenes para obtener dinero. Además, todos estos fondos provenientes de ciudadanos, tribunales, organizaciones para la producción de exámenes y estudios quedaron a disposición de la administración de estos EMS. Los distribuyeron como cualquiera permitió la conciencia, es decir completamente incontrolable Fue en este momento que hubo una fuerte reducción en los tipos de exámenes tradicionales, un deterioro en su calidad y un aumento en el número de tipos de evaluaciones (que no son, en el sentido real, exámenes) con un aumento en el personal de especialistas de este perfil. Toda la atención de los líderes de la SEU se dirigió al desarrollo de precisamente este tipo de actividades.
Esto sucedió porque los tipos tradicionales de experiencia (balística, trasología, química, CEMVI, etc.) se realizaron de forma gratuita (para investigación y tribunales penales), pero la evaluación (vehículos, vivienda) trajo dinero decente.
Después de que el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia logró obtener dinero gratis para pasar por ellos, se decidió enviar todos los fondos recibidos de esta manera al presupuesto del SEU. Casi de inmediato, la actividad de "recaudación de dinero" en todos los SEU se redujo significativamente.
Pero ... ¡el tren se fue! Con los años, algunos de los expertos forenses (que recibieron sus evaluadores de 14t.rub versus 40t.rub) fueron a otras estructuras o se retiraron. No aceptaron nuevos trabajadores para estas especialidades "no rentables", y todas las unidades de dotación de personal gratuitas estaban llenas de especialistas de tipos de experiencia "rentables".
Estas son las condiciones del mercado: la dirección que genera ganancias se está desarrollando. Y viceversa.
Por lo tanto, la estructura de la SEU formada por las condiciones del mercado bajo las nuevas condiciones de distribución de los flujos financieros se ha vuelto incapaz de hacer frente al flujo de experiencia forense. Y aquellos exámenes que anteriormente trajeron buenos ingresos, y para cuya producción los expertos por lo menos, pero recibieron un cierto porcentaje del costo del examen, comenzaron a realizarse mucho más tiempo, porque ahora los expertos no están interesados en su pronta implementación. Los plazos para la producción de los exámenes se volvieron simplemente inconmensurables con los plazos establecidos para llevar a cabo acciones de investigación o considerar un caso en la corte. La administración de la SEU comenzó a enviar cartas "sobre la posibilidad de realizar exámenes no antes de" un período de a veces hasta dos años, o mensajes sobre colocar una decisión en la cola para hacer los exámenes
Todo esto provocó una ola de quejas por parte de las autoridades judiciales de investigación sobre la "burocracia de la SEU en términos de la producción de exámenes". Dado que no se encontró una salida organizativa de la situación, ya que cualquier decisión se basaba en la falta de personal calificado, que era imposible de preparar en 1 o 2 años, las autoridades centrales decidieron trasladar la responsabilidad de resolver este problema a SEU ordinarios. En 2009, se hicieron adiciones a los códigos sobre la responsabilidad de los expertos y los jefes de los organismos de control económico del estado por incumplimiento de los plazos establecidos para la producción de los exámenes.
Aquí la mirada de las SEU estatales se volvió hacia las SEU no estatales: ¿Por qué son mejores que nosotros? Resultó - ¡mejor!
En primer lugar, era imposible para un experto privado encargar un examen sin su consentimiento. Es decir, el experto podría elegir en qué examen podría responder categóricamente a las preguntas formuladas y en qué no. Por lo tanto, los expertos privados con conclusiones categóricas siempre tendrán más experiencia.
En segundo lugar, el costo del examen lo determinó el propio experto, y no el jefe de la SEU. Al mismo tiempo, podía estar seguro de que el costo de la remuneración dependería solo de su trabajo y no de la relación personal de su liderazgo con él. El sistema de control económico del estado adoptó un sistema de incentivos materiales para expertos sobre la base de la decisión soberana del jefe. De lo que depende esta decisión es claro para todos.
En tercer lugar, la duración del examen fue determinada solo por el interés del experto en la ejecución rápida del examen y por algún mítico "estándar de tiempo para la producción del examen".
Cuarto, el desempeño de los expertos privados fue incomparablemente más alto que las conclusiones de los expertos de las SEU estatales. Para los expertos privados, una forma de conclusiones como NPS (no es posible) es fundamentalmente inaceptable, porque tal conclusión "bloquea" el camino hacia otros clientes. Por lo tanto, tiene que "salir de su piel", realizar muchas investigaciones y excavar en una montaña de literatura para obtener al menos alguna información que ayude a establecer la verdad. Para los expertos de la SEU estatal, la conclusión del NIP no está asociada ni con su salario ni con su crecimiento profesional, y por lo tanto no es algo excepcional.
Además, resultó que el procedimiento para pagar los exámenes para expertos no estatales es mucho más simple y más accesible para todos los participantes en este proceso que el procedimiento regulado para el examen estatal. Como ejemplo, la decisión del gobierno de Moscú sobre el procedimiento para financiar el reembolso de los gastos asociados con el nombramiento de expertos a expensas del presupuesto regional:
"... 4. El Departamento presenta al Ministerio de Finanzas de la Región de Moscú un registro de gastos para cada examen forense, aprobado por el jefe del Departamento, en el contexto de instituciones forenses y (o) expertos forenses estatales, indicando el monto de los costos de cada examen forense, con los siguientes documentos adjuntos:
sentencias de los magistrados sobre el nombramiento de un examen forense, que contiene una lista de cuestiones sometidas a la autorización del experto, así como una solicitud de reembolso de los costos del examen a expensas del presupuesto regional a través de la Oficina;
acuerdos entre la Oficina y las instituciones forenses o expertos forenses estatales sobre la realización del examen pertinente;
estimaciones para la realización de exámenes forenses aprobados por los jefes de instituciones forenses o expertos forenses estatales, acordados por magistrados que hayan designado exámenes forenses y firmados por representantes de las partes involucradas en procedimientos legales;
actos de trabajo realizados, que contienen los costos reales del examen de los puestos reflejados en el presupuesto para el examen judicial pertinente, aprobados por los jefes de instituciones forenses o expertos forenses estatales, magistrados de la región de Moscú que designaron el examen, el jefe de la Oficina y sellados con impresiones de las instituciones expertas relevantes y gestión;
cartas de notificación de los jefes de instituciones forenses o expertos forenses estatales sobre la implementación del examen;
proyectos de ley de instituciones forenses o expertos forenses estatales que realizaron el examen ... "
Aquellos. Además de la opinión experta, la institución experta debe presentar al menos ocho documentos más, ¡algunos de los cuales también deben ser acordados! ¡Pero lo más divertido es que puede que no haya dinero en el presupuesto para pagar los exámenes! Póngase en el lugar del experto a quien se le confía dicho examen y responda la pregunta: ¿lo necesita? ¿Pero el jefe de una institución judicial estatal necesita problemas adicionales si este dinero no lo consigue de todos modos?
Entonces no está nada claro: ¿por qué quieren controlar las instituciones judiciales no gubernamentales y los expertos privados? Pero esto es desde el punto de vista de una persona normal. Y desde el punto de vista del funcionario de Moscú, ¡porque es FAVORABLE!
Para quien ejerce el control, siempre puede "controlar" de tal manera que el controlado llegue corriendo al controlador y traiga "en el pico" lo que siempre le falta al controlador de estado: "¡niños por la leche"! El autor, en la medida de su depravación, no ve otras razones para el deseo de "controlar".
Попробую и я сначала подлить масла в огонь, а потом высказать своё мнение.
Вот нашёл на просторах интернета:
К вопросу о необходимости контроля деятельности негосударственных экспертов
В последнее время то там, то сям поднимается вопрос «об упорядочивании действий независимых экспертов».
Причём, данный вопрос поднимается не самими независимыми экспертами, а государственными структурами, например, Российским федеральным центром судебных экспертиз, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской области, рядом государственных центров экспертиз. В чём причина такого страстного желания в «…организации эффективного общественного контроля…» за этими НЭ?
Откуда растут уши у этой «проблемы»? Ведь существующий закон о экспертно-судебной деятельности не требует наличия каких-то форм «общественного контроля» над деятельностью экспертов. Да и существующие УПК и ГПК, и АПК вполне определённо указывают, каким критериям должны и какими правилами должен руководствоваться судебный эксперт. Причём, там нет и деления экспертов на «государственных» и «негосударственных». У всякого эксперта одинаковые права и обязанности.
Так откуда же желание «государственных» экспертов, вернее их управленцев, проконтролировать и «негосударственных»? Вероятно, тут, как и во всяком «мутном» деле, несколько причин.
Первое, это то, что государственные экспертные структуры потеряли монопольность на производство экспертиз. Они уже не являются «избранными». Это чувство похожее на злобность к чужакам типа «Понаехали тут!» .
Второе - разрушилась корпоративность, много лет создаваемая этими структурами, в которой было «неприлично» уличать коллегу в ошибках, так как «все учились у одних учителей».
Третье – у «заказчиков» экспертиз появилась альтернатива в выборе экспертов. Ранее действовал принцип «зоны обслуживания», что позволял органам госэкспертизы ставить свои условия «заказчику» и по объёмам, и по срокам проведения экспертиз.
Но всё это лишь фон комфортности работы госэкспертных учреждений. Непривычно, неуютно, как-то, знаете ли. Более существенная причина в том, что при наличии «негосударственных» экспертов появилась практика, когда заключения «государственных» экспертов стали опровергаться заключениями «негосударственных» в судах, или в процессе работы адвокатов. Монополия на «истину в последней инстанции» исчезает. Начинает проявляться реальная картина в области экспертной деятельности государственных учреждений. А качество экспертной деятельности в ГУ напрямую зависит (согласно закона о экспертной деятельности) от способности его руководства организовать такую деятельность. Какой руководитель этого захочет?
Но, это хоть и важная причина чтобы организовать «…эффективный общественный контроль…», но не самая важная.
Как говорят классики, «…ищите кому это выгодно…». Вот именно – ВЫГОДА!
Вот что самое важное, что заставляет руководство государственных экспертных учреждений требовать «…упорядочить и контролировать…» негосударственных экспертов.
Ситуация следующая. До принятия закона о экспертной деятельности и некоторое время и далее (до 2007 года), государственные СЭУ часть экспертиз делали за деньги. Причём, все эти средства, поступающие от граждан, судов, организаций за производство экспертиз и исследований, оставались в распоряжении руководства этих СЭУ. Распределяли их они как кому позволяла совесть, т.е. совершенно бесконтрольно. Именно в этот момент произошло резкое сокращение видов традиционных экспертиз, ухудшение их качества, и рост количества видов оценки (которые не являются в настоящем смысле экспертизами) с увеличением штата именно специалистов данного профиля. Всё внимание руководителей СЭУ было направлено на развитие именно этих видов деятельности.
Это произошло потому, что традиционные виды экспертиз (баллистика, трасология, химия, КЭМВИ, и пр.) делались бесплатно (для следствия и судов по уголовным делам), а вот оценка (автотранспорт, жильё) приносили приличные деньги.
После, того, как МЮ РФ хватилось, что дармовые деньги уплывают мимо них, было принято решение все полученные таким образом СЭУ средства направлять в бюджет. Практически сразу же деятельность «по добыванию денег» во всех СЭУ была значительно сокращена.
Но… поезд ушёл! За эти годы часть экспертов-криминалистов (которые получали свои 14т.руб против 40т.руб оценщиков) ушли или в другие структуры, или на пенсию. Новых работников на эти «недоходные» специальности не принимали, а все свободные штатные единицы заполнялись специалистами «доходных» видов экспертиз.
Таковы условия Рынка – развивается то направление, которое приносит прибыль. И наоборот.
Поэтому, сформированные условиями Рынка структуры СЭУ в новых условиях распределения финансовых потоков стали неспособны справляться с потоком криминалистических экспертиз. А те экспертизы, которые ранее приносили хороший доход, и за производство которых эксперты худо-бедно, но получали какой-то процент от стоимости экспертизы, стали выполнятся значительно дольше, т.к. теперь эксперты стали не заинтересованы в скором их выполнении. Сроки производства экспертиз стали просто несоизмеримыми со сроками, установленными для проведения следственных действий или рассмотрения дела в суде. Руководством СЭУ стали рассылаться письма «о возможности выполнения экспертиз не ранее» срока, который составлял порой до двух лет, или сообщения о постановки постановления на очередь для производства экспертиз
Всё это вызвало вал жалоб судебно-следственных органов на «волокиту СЭУ в сроках производства экспертиз». Так как организационного выхода из создавшейся ситуации найдено не было, так как всякое решение упиралось в нехватку квалифицированных кадров, которые подготовить в течении 1 – 2 лет было невозможно, центральными органами было принято решение переложить ответственность в решении данного вопроса на рядовые СЭУ. В 2009 году были приняты дополнения в кодексы о материальной ответственности экспертов и руководителей государственных СЭУ за неисполнения ими установленных сроков производства экспертиз.
Вот здесь взоры государственных СЭУ обратились на негосударственные СЭУ: А чем они лучше нас?! Оказалось – лучше!
Во-первых, частному эксперту невозможно было поручить производство экспертизы без его согласия. То есть, эксперт мог выбирать, в какой экспертизе он сможет категорически ответить на поставленные вопросы, а в какой нет. Поэтому, у частных экспертов экспертиз с категорическими выводами всегда будет больше.
Во-вторых, стоимость экспертизы определялась самим экспертом, а не руководителем СЭУ. При этом он мог быть уверенным, что только от его работы будет зависеть стоимость вознаграждения, а не от личного отношений к нему его руководства. В государственных СЭУ принята система материального поощрения экспертов на основе единовластного решения руководителя. От чего такое решение зависит – всем понятно.
В третьих, срок экспертизы определялся лишь заинтересованностью эксперта в скорейшем выполнении экспертизы, а никаким-то мифическим «нормативом времени на производство экспертизы».
В четвёртых, результативность работы частных экспертов была несравненно выше, чем заключения экспертов государственных СЭУ. Для частных экспертов такая форма выводов как НПВ (не представляется возможным) принципиально недопустима, т.к. такой вывод «перекрывает» к нему дорогу другим клиентам. Поэтому ему приходится «из кожи лезть», проводя массу исследований и перерывая гору литературы, чтобы добыть хоть какую-то информацию, которая будет способствовать установлению истины. Для экспертов государственного СЭУ вывод НПВ не сопряжён ни с их зарплатой, ни с их карьерным ростом, и поэтому не является чем то исключительным.
Кроме этого, выяснилось, что порядок оплаты за проведение экспертиз для негосударственных экспертов значительно проще и доступнее всем участником данного процесса, нежели регламентированный порядок для государственной экспертизы. Как пример можно привести решение Московского правительства о порядке финансирования возмещения расходов, связанных с назначением экспертов за счет средств областного бюджета:
«…4. Управление представляет в Министерство финансов Московской области утвержденный руководителем Управления реестр расходов по каждой проведенной судебной экспертизе в разрезе судебно-экспертных учреждений и (или) государственных судебных экспертов с указанием объема затрат по каждой проведенной судебной экспертизе, с приложением следующих документов:
определений мировых судей о назначении судебной экспертизы, содержащих перечень вопросов, поставленных на разрешение эксперта, а также требование о возмещении расходов по производству экспертизы за счет средств областного бюджета через Управление;
договоров между Управлением и судебно-экспертными учреждениями или государственными судебными экспертами о проведении соответствующей экспертизы;
смет на проведение судебных экспертиз, утвержденных руководителями судебно-экспертных учреждений или государственными судебными экспертами, согласованных мировыми судьями, назначившими судебные экспертизы, и подписанных представителями сторон, участвующих в судебных разбирательствах;
актов выполненных работ, содержащих фактические затраты на проведение экспертизы по позициям, отраженным в смете на проведение соответствующей судебной экспертизы, утвержденных руководителями судебно-экспертных учреждений или государственными судебными экспертами, мировыми судьями Московской области, назначившими экспертизу, руководителем Управления и скрепленных оттисками печати соответствующих экспертных учреждений и Управления;
писем-уведомлений от руководителей судебно-экспертных учреждений или государственных судебных экспертов об осуществлении экспертизы;
счетов от судебно-экспертных учреждений или государственных судебных экспертов, производивших экспертизы…»
Т.е. кроме экспертного заключения, экспертному учреждению необходимо представить ещё, по крайней мере, восемь документов, часть из которых должна быть ещё и согласована! Но самое занятное то, что в бюджете денег на оплату экспертиз может и не быть! Поставьте себя на место эксперта, которому поручена такая экспертиза, и ответьте на вопрос: вам это надо? А нужны ли лишние хлопоты руководителю государственного судебного учреждения, если эти деньги всё равно ему не попадут?!
Тогда вообще непонятно – Зачем они хотят контролировать негосударственные судебные учреждения и частных экспертов? Но это с точки зрения нормального человека. А с точки зрения московского чиновника – потому что это ВЫГОДНО!
Ибо, тот, кто осуществляет контроль всегда может так «наконтролировать», что контролируемый сам прибежит к контролёру и принесёт «в клювике» то, чего так всегда не хватает государственному контролёру – «детишкам на молочишко»! Других причин страстного желания «контролировать», автор, в меру своей испорченности, не видит.
Original message
